Wiki YouTube Pedia

¡Bienvenido/a a Wiki YouTube Pedia!
discord Recuerda unirte a nuestro servidor de Discord.

LEE MÁS

Wiki YouTube Pedia
Advertisement
Wikipedia-logo-v2

Esta página utiliza contenido de Wikipedia (ver autores) con la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 (CC BY-SA 3.0).

Banner de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro Moros (Caracas,​ 23 de noviembre de 1962) es un político y dirigente sindical venezolano que ha ejercido como presidente de Venezuela desde 2013 y ministro de relaciones exteriores entre 2006 y 2012, como vicepresidente de la república desde 2012 a 2013 durante el gobierno de Hugo Chávez,.

Durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez, Maduro asumió la presidencia de Venezuela.​ Tras las elecciones de 2012, el mal estado de salud de Chávez le impidió tomar posesión del cargo el 10 de enero, sin embargo, siguió en el cargo hasta su fallecimiento ocurrido el 5 de marzo de 2013.​ Al morir Chávez, Maduro asumió la presidencia tres días después. Ante esta situación, personalidades nacionales e internacionales denunciaron que, según lo establecido en el artículo 233 de la constitución, no debía ser el vicepresidente Maduro quien asumiera el cargo, sino Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional.​ Sin embargo, el 8 de marzo de 2013 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo declara «presidente encargado».​ Posteriormente, Maduro fue proclamado presidente de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013.

Desde su elección como presidente el 19 de noviembre de 2013, Maduro ha gobernado Venezuela por decreto durante la mayor parte del tiempo.​​​​ Durante los gobiernos de Chávez y Maduro, Venezuela ha enfrentado una grave crisis social, económica y política, aumento de la delincuencia, inflación, pobreza y hambre.​​​​ A partir de abril de 2014, debido al aumento de la escasez en Venezuela y disminución de la calidad de vida, se producen protestas en todo el país, provocando un descenso rápido y progresivo en la popularidad de Maduro,​​ pérdida de popularidad que se vio consolidada con la victoria opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, y el inicio de un proceso para revocar el mandato de Maduro a través de referéndum, sin resultados debido a que Maduro concentra el poder a través de otros órganos en manos del oficialismo, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.​​

Maduro, al igual que Chávez, ha sido señalado como autoritario,​ varias fuentes también lo consideran un dictador, sobre todo después de la suspensión del movimiento para revocar su mandato a finales de 2016,​ y una posterior crisis institucional el 29 de marzo de 2017, en la que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional,​ siendo esta medida considerada por la propia Asamblea y la Fiscalía General como una "ruptura del hilo constitucional" y/o incluso un autogolpe de Estado,​​ si bien posteriormente el Tribunal revisó su sentencia y corrigió algunos aspectos controvertidos ante el repudio internacional.​ La decisión resultó en protestas a nivel nacional; Maduro respondió con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, bajo condiciones electorales consideradas como irregulares, incluyendo por la fiscal general Luisa Ortega y la compañía de las máquinas de votación Smartmatic.​ La oposición no participó en las elecciones y todos los miembros electos fueron pro-gobierno.

Imagen pública[]

En octubre de 2013, el nivel de aprobación de Maduro se ubicaba entre 45 y 50 % en donde Reuters afirma que se debía posiblemente a la aprobación heredada por Hugo Chávez.​ Un año más tarde, en octubre de 2014, el nivel de aprobación de Maduro era de 24.5 % de acuerdo con Datanálisis.​ En noviembre de 2014, encuestas realizadas por Datanálisis​ indicaba que más del 66 % de los venezolanos opinaban que Maduro no finalizaría sus seis años de mandato, representando a partidarios del gobierno un 25 % quienes pensaban que Maduro debería renunciar.​ Sin embargo, Simón Cordova Diputado al Parlatino por el Movimiento Bastión Revolucionario 200 4-Fases y director de la encuestadora International Consulting Services (ICS),​​ afirma que para octubre del mismo año un 53,2 % de los venezolanos evaluó como positiva la gestión del presidente Maduro.

Para 2015 la caída en su popularidad debido a la crisis económica no se podía ocultar​, una encuesta de Datanálisis publicada en agosto de 2015 arrojo que el 70,4% de los ciudadanos evalúa de forma negativa la gestión del presidente, también indicaba que el 57,7% de los potenciales votantes apoyaría a la oposición en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.​ Elecciones que Maduro terminó perdiendo. una encuesta de julio de 2016 indicaba que El 80% de los venezolanos deseaba que Nicolás Maduro dejara el poder.

Para 2017 la popularidad de Maduro cae a 20,8% entre otros motivos por la represión de las protestas de 2017.​ En febrero de 2018 una encuesta arrojaba un rechazo a la gestión del presidente de un 75%.​ Ese es un de los motivos de porque ha sido tan polémica su victoria en las elecciones presidenciales de ese año. En agosto de 2019, en medio de la crisis presidencial que atraviesa el país, otra encuesta de Datanálisis indicaba que el 82,2% de los encuestados quería que Maduro abandonara el poder antes de que terminara 2019.​ Para 2021, una encuesta de IPSOS sobre percepción de gestión gubernamental, arrojó que el presidente de Venezuela obtuvo sólo un 6% de aprobación de su imagen, por lo que Maduro ostenta primer lugar de rechazo en América Latina.

Vida personal[]

Desde el 15 de julio de 2013, está casado con Cilia Flores, seis años mayor,​​ con quien ya tenía una relación de concubinato de muchos años. Flores fue procuradora general de la República y diputada al igual que presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Distrito Capital, Maduro la conoció cuando era la abogada de Hugo Chávez después de la rebelión militar de 1992 y esta gestionara un indulto ante el presidente de ese entonces Rafael Caldera.​ Nicolás Maduro y Cilia Flores no tuvieron hijos en común; de relaciones anteriores, Flores tiene tres hijos​ y Maduro uno,​ Nicolás Maduro Guerra; además, hay cuatro nietos (dos del lado de Flores y dos del lado de Maduro);​ la última nieta se llama Victoria Maduro, bautizada así porque nació en octubre de 2012 cuando se produjo la última victoria electoral del presidente Hugo Chávez.

Pensamiento[]

Creencias religiosas[]

Artículo principal: Sathya Sai Baba

Parte de la familia de Maduro es de origen judío sefardí​ tal como se destacó en una reunión entre líderes judíos, el entonces canciller Maduro y el presidente Chávez.​​ Según afirman algunas fuentes, Maduro también fue seguidor del gurú indio Sathya Sai Baba.​​​ Sin embargo, Maduro niega estas versiones y se declara católico haciendo referencia a Cristo comparándolo con Chávez en algunos discursos.​​ Según el ministro de relaciones exteriores de Turquía Mevlüt Çavuşoğlu, Nicolás Maduro habría expresado en una reunión en 2018 que algún día podría convertirse al Islam.​

Nicolás Maduro, se ha declarado como un devoto ardiente de Sathya Sai Baba. Incluso tiene un gran retrato del difunto gurú espiritual en su oficina en Caracas. Visitó a Sai Baba en Puttaparthi, Andhra Pradesh, en 2005, junto con su esposa Cilia Flores, para buscar las bendiciones del gurú espiritual.​​Según fuentes asociadas con el fideicomiso de Sai Baba, durante su visita a Prashantinilayam en 2005, junto con el ministro de educación, Sai Baba les concedió una audiencia a él y a su familia. En ese entonces, Maduro era el ministro de relaciones exteriores. El legendario líder venezolano Hugo Chávez lo nombró su sucesor antes de morir el 5 de marzo de ese año tras luchar contra el cáncer.​

Maduro, quien siempre ha tenido una fotografía de Baba en su oficina, ha tenido una carrera destacada. Según el fideicomiso de Sai, Venezuela goza de un lugar de orgullo entre los 113 países en los que el movimiento está activo. El primer Centro Sai se abrió en Caracas en 1974, y el primer taller para profesores de EHV (educación en valores humanos) se llevó a cabo en 1987.​​El fideicomiso también administra una escuela y el Instituto de Valores Humanos, además de organizar campamentos médicos para los necesitados y reuniones públicas en varias ciudades de Venezuela para informar a la gente sobre Sai Baba y su obra.​

Su relación con el gurú espiritual ha sido destacada en el libro "El dictador y sus demonios" de David Placer, que expone los "puentes invisibles" entre el régimen de Maduro y su devoción espiritual, considerada una "contradicción increíble". Maduro fue introducido a Sai Baba por su esposa Cilia Flores y su brujo Cirilo Enrique Rodulfo.​El saibabismo, presente en Venezuela desde la década de 1970, cuenta con aproximadamente 200.000 seguidores en el país. Maduro, junto con otros seguidores destacados como el canciller Jorge Arreaza y la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, forman parte de esta comunidad espiritual.

El libro de Placer también sugiere una red de espionaje y control dentro del chavismo, vinculada a la devoción por Sai Baba. Incluso se menciona que la Asamblea Nacional decretó un día de luto en Venezuela tras la muerte de Sai Baba en 2011, a pesar de las controversias que rodeaban al gurú. El libro también revela la influencia de esta devoción en las políticas y prácticas del régimen, incluyendo el sistema penitenciario liderado por Varela.

Denuncias de la comunidad LGBT por homofobia[]

Durante la campaña presidencial de 2013, integrantes de la comunidad LGBT denunciaron que Maduro había utilizado "comentarios homofóbicos" como arma política, tildando a representantes de la oposición como "maricones" [sic] y "pelucones".​​ Maduro calificó a su oponente Henrique Capriles Radonski de "princesita"​ y aseguró: "Yo sí tengo mujer, ¿oyeron? Me gustan las mujeres".

Controversias[]

Lugar de nacimiento y nacionalidad[]

El lugar de nacimiento y la nacionalidad de Nicolás Maduro han sido cuestionadas en múltiples ocasiones, al no existir un libro de registro público venezolano que demuestre su lugar de nacimiento.​​ argumento que ha sido usado para afirmar que Maduro no puede ejercer la presidencia, dado que el artículo 227 de la constitución venezolana establece que «Para ser elegido presidente o presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución».​ Tras su triunfo en las elecciones presidenciales de 2013, que le dieron el triunfo, diputados opositores advirtieron que investigarían la presunta doble nacionalidad de Maduro.

Para 2014, oficiales gubernamentales dieron a conocer cuatro parroquias diferentes como lugares de nacimiento de Nicolás Maduro.​ El gobernador del estado Táchira José Vielma Mora aseguró que Maduro nació en el sector El Palotal de San Antonio del Táchira en la frontera nacional con Colombia y que tenía familiares que viven en las poblaciones de Capacho y Rubio.​ En junio de 2013, dos meses después de asumir la presidencia, Maduro afirmó en una rueda de prensa en Roma que había nacido en Caracas, en Los Chaguaramos, en la parroquia San Pedro. Durante una entrevista con una periodista española, también en junio de 2013, Elías Jaua afirmó que Maduro nació en la parroquia El Valle, en el municipio Libertador de Caracas.​ El diputado opositor Abelardo Díaz indicó haber revisado el registro civil de El Valle, sin conseguir ningún documento, al igual que la referencia ofrecida por Vielma Mora sin encontrar pruebas ni aportes documentales que pudieran comprobarla. En octubre de 2013 Tibisay Lucena, como presidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró en el programa de Globovisión Vladimir a la 1 que Nicolás Maduro nació en la parroquia La Candelaria, en Caracas, y mostró copias del libro de presentación del registro de todos los niños que nacieron el día en el que presuntamente nació Maduro. En abril de 2016, durante una cadena nacional de radio y televisión, Maduro ratificó que nació en Los Chaguaramos, específicamente en Valle Abajo, agregando que fue bautizado en la iglesia San Pedro.​

En 2016 un grupo de venezolanos le pidió a la Asamblea Nacional investigar si Nicolás Maduro era colombiano en una carta difundida y dirigida al presidente de la Asamblea Henry Ramos Allup que justifica la solicitud en las "razonables dudas que existen en torno a los verdaderos orígenes de Maduro, debido a que, hasta la fecha, se ha negado a exhibir su partida de nacimiento". Los 62 peticionarios, entre quienes están el exembajador Diego Arria, el empresario Marcel Granier y exmilitares opositores, aseguran que según la Constitución colombiana el mandatario es "colombiano por nacimiento", al ser "hijo de madre colombiana y por haberse residenciado" en el país vecino "durante su juventud".​ El mismo año varios exmiembros de distintas directivas del CNE enviaron una carta a Tibisay Lucena solicitándole que se “exhiban públicamente, en un medio impreso de circulación nacional, los documentos que acreditan el estricto cumplimiento de los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la partida de nacimiento y el Certificado de Nacionalidad Venezolana por Nacimiento de Nicolás Maduro Moros, a fin de constatar si él es venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad”. El documento refiere que la actual presidenta del CNE incurre en “un grave error, e incluso una irresponsabilidad, cuando afirma que el tema de la nacionalidad de Maduro ‘no es un lema del Consejo Nacional Electoral’” y los firmantes también hacen referencia a los cuatro momentos diferentes en los cuales distintas políticos han adjudicado cuatro diferentes lugares de nacimiento como oficiales.

El Diario Las Américas afirmó tener acceso a las inscripciones de nacimiento de Teresa de Jesús Moros, madre de Nicolás Maduro, y de José Mario Moros, tío del presidente venezolano, inscritos ambos en la iglesia parroquial de San Antonio de Cúcuta, Colombia.​ Diputados opositores han asegurado que la partida de nacimiento de Maduro debe decir obligatoriamente que es hijo de madre colombiana y que eso representaría una prueba que confirmaría que el presidente tiene doble nacionalidad y que no puede ejercer el cargo según el artículo 41 de la constitución.​ La diputada Dennis Fernández ha encabezado una comisión especial que investiga los orígenes del mandatario, afirmando que “la madre de Maduro es ciudadana colombiana” y que Maduro también sería colombiano.​ El investigador, historiador y exdiputado a Walter Márquez aseguró meses después de los comicios presidenciales que la madre de Maduro nació en Colombia y no en Rubio, estado Táchira. Márquez también ha afirmado que Maduro “nació en Bogotá, de acuerdo con los testimonios verbales de personas que lo conocieron de niño en Colombia y a las investigaciones documentales que hicimos” y que “son más de 10 testigos que corroboran esta información, cinco de ellos viven en Bogotá”.

El 28 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que señala que según pruebas «incontrovertibles» tienen «absoluta certeza» de que Maduro nació en Caracas, en la parroquia la Candelaria, para entonces Departamento Libertador del Distrito Federal, el 23 de noviembre de 1962.​ El fallo no reproduce el acta de nacimiento de Maduro, pero cita una comunicación firmada el 8 de junio por la vicecanciller de Colombia, Patti Londoño Jaramillo, donde precisa que “no se encontró información relacionada, ni registro civil de nacimiento, ni cédula de ciudadanía que permita inferir que el presidente Nicolás Maduro Moros sea un nacional colombiano”. El tribunal advirtió a los diputados de la Asamblea Nacional y a la ciudadanía "que sembrar dudas sobre los orígenes del presidente" puede “acarrear las correspondientes consecuencias penales, civiles, administrativas y, de ser el caso, disciplinarias” por "atentar contra el Estado".

El 11 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decretó la nulidad de las elecciones presidenciales de 2013 después de que el abogado Enrique Aristeguieta Gramcko presentara pruebas sobre la presunta inexistencia de condiciones de inelegibilidad de Nicolás Maduro para ser electo y para ejercer el cargo de la presidencia. Aristeguieta argumentó en el recurso que, según el artículo 96, literal b, de la Constitución Política de Colombia, Nicolás Maduro Moros, aún en el supuesto no demostrado de haber nacido en Venezuela, es “colombiano por nacimiento” por ser hijo de madre colombiana y por haberse residenciado en dicho territorio durante su juventud. La Sala Constitucional admitió la demanda y exigió a la presidencia y al CNE remitir una copia certificada de la partida de nacimiento del presidente, además de su renuncia de la nacionalidad colombiana.​ En marzo de 2018 el expresidente colombiano Andrés Pastrana hizo referencia a la cédula de bautismo de la madre de Maduro, señalando que el documento divulgado reitera el origen colombiano de la madre del mandatario.

Conspiraciones[]

Al igual que Fidel Castro,​ el presidente Maduro y miembros de su comitiva han dado a conocer, en reiteradas oportunidades, supuestos intentos de magnicidio. En un período de quince meses, tras las elecciones presidenciales, se denunciaron trece supuestos actos de magnicidio. Maduro es «el mandatario que ha denunciado más intentos de golpe de Estado en la menor cantidad de tiempo posible».​ En su programa La Hojilla, Mario Silva, reconocido comunicador del principal canal del estado, expresó que el presidente Maduro habría recibido trece millones de ataques psicológicos.​ Sin embargo, analistas comentan que Maduro podría estar usando las denuncias como "cortina de humo para distraer la atención de las causas reales" de algunos problemas que enfrenta su gobierno.​ A continuación, se citan algunas:

Acusaciones[]

Fecha Conspiración Referencia(s)
26 de julio de 2013 Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirma que existe un plan para asesinarlo a él y al presidente Nicolás Maduro. Anuncia que hará una denuncia formal "en su momento". [cita requerida]
26 de agosto de 2013 Detención de ciudadanos colombianos por supuesta vinculación a un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. El gobierno venezolano atribuye la autoría intelectual al expresidente colombiano Álvaro Uribe.
29 de agosto de 2013 Nicolás Maduro se refiere a un supuesto plan para asesinarlo en simultáneo con un ataque sobre Siria, expresando "el plan era eliminarme a mí en simultáneo con Siria".
3 de mayo de 2013 Maduro se promulgó acerca de un posible plan de magnicidio presidido por el expresidente Álvaro Uribe, y el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Roger Noriega. [cita requerida]
28 de agosto de 2014 El gobierno acusa a María Corina Machado de estar detrás de un intento de magnicidio. Presentan correos electrónicos como prueba, pero Google desmiente su veracidad.
25 de mayo de 2014 Maduro denuncia otro plan de magnicidio supuestamente liderado por María Corina Machado y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.
Diciembre de 2014 Durante la XII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el mandatario venezolano expresó que tenía "nombre, apellido, todo" acerca de exfuncionarios policiales venezolanos radicados en el exterior que buscaban asesinarlo. Sin embargo, no especificó detalles de los implicados.
13 de diciembre de 2014 Maduro acusó a José María Aznar de provocar la muerte de 1 200 000 iraquíes, debido a que durante el gobierno de Aznar España se unió a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos contra Irak.
12 de febrero de 2015 Revelación de "Golpe Azul", Maduro dio a conocer un video en donde se demostraba otra supuesta conspiración en su contra, en lo que Maduro denominó "atentado golpista contra la democracia y la estabilidad de nuestra Patria", y que estarían supuestamente involucrados oficiales de la Aviación, quienes usarían un "tucano" traído del exterior, para bombardear el Palacio de Miraflores, Ministerio de la Defensa, sede del canal Telesur, entre otros objetivos. El Plan habría sido supuestamente orquestado "desde Washington". 7 oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana fueron detenidos por esos hechos incluyendo varios capitanes, coroneles y tenientes. Foro Penal Venezolano denunció que los imputados eran presos políticos y que fueron condenados sin pruebas, y su director Alfredo Romero describió la sentencia como «arbitraria».
20 de febrero de 2015 El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma fue apresado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y en un discurso Maduro aseguró que "El Antonio Ledezma que hoy fue capturado por orden del Ministerio Público Nacional y va a ser procesado por la Justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la Constitución". Por su parte, Human Rights Watch (HRW) en su vocero José Miguel Vivanco comentó "Sin pruebas sobre cualquier crimen que haya cometido, el alcalde nunca debió haber sido apresado y debería ser liberado inmediatamente. De lo contrario, estaremos delante de un nuevo caso de detención arbitraria contra opositores, en un país en donde no hay independencia judicial". El gobierno venezolano argumentó que fue detenido por orden judicial a petición de la Fiscalía bajo cargos de conspiración.
24 de marzo de 2015 Maduro denunció que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y expresidente del Gobierno Español Felipe González estaría detrás de otro golpe contra su presidencia y Estado debido a que González se ofreció a defender a dirigentes opositores presos, lo que el gobierno venezolano consideró era una injerencia en asuntos internos de Venezuela.
Fecha no especificada Edgar Hernández, quién afirma fue agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) durante 8 años, comenta que supuestamente se había planificado un montaje para “simular un atentado contra Nicolás Maduro en Panamá al momento en que se encontrara en la reunión Cumbre”, con el fin de "captar toda la atención en la Cumbre de las Américas".
27 de junio de 2018 Publicación en Bloomberg Bussinesweek sobre el mayor intento de golpe de Estado en los últimos cinco años en Venezuela, involucrando a los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas.
21 de septiembre de 2018 Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, directora de la ONG Fundanimal, es detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Acusada en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018, Operación Fénix, es condenada a 24 años de prisión sin pruebas concluyentes de su participación. Espósito, encargada de cuidar mascotas de perseguidos políticos, cae en desgracia tras ayudar a una mujer que le solicitó hospedaje para un joven involucrado en el caso de los drones. El 18 de diciembre de 2019, durante una audiencia, Espósito declara su dedicación a la protección animal y niega cualquier acto terrorista. El SEBIN la acusa de ocultar a Henryberth Enmanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, realizar cambios físicos en su apariencia y facilitar su fuga. En su defensa, Espósito relata su detención sin orden de allanamiento y su posterior trato en El Helicoide, describiendo violaciones de derechos y garantías. Su abogado, Gustavo Croquer, argumenta la falta de evidencia sólida para su condena, destacando la distinción entre hospedaje y encubrimiento y cuestionando la acusación de financiamiento al terrorismo.
24 de septiembre de 2018 El Gobierno venezolano anuncia una investigación sobre la "presunta complicidad" de funcionarios de las embajadas de México, Colombia y Chile en Venezuela en el atentado contra Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto. Según la Cancillería venezolana, estos funcionarios habrían prestado colaboración a los implicados en el atentado. Colombia, Chile y México rechazan estas acusaciones, calificándolas de infundadas. El atentado, en el que Maduro salió ileso y se usaron drones cargados con explosivos, dejó 7 heridos. Hay 28 detenidos por el incidente, incluyendo al diputado opositor Juan Requesens. Venezuela solicita la extradición de Julio Borges y otras personas a Colombia, Estados Unidos y Perú.

La Fiscalía y el ejecutivo ha presentado ciertas acusaciones de conspiraciones sin poder resaltar los hechos punibles ante los tribunales.

Fecha Acusaciones Referencia(s)
Fecha no especificada, hasta mayo de 2023 El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informa sobre la detención de 31 personas implicadas en conspiraciones para un golpe de Estado y magnicidio contra Nicolás Maduro. Los detenidos incluyen periodistas, exmilitares, abogados y activistas de Derechos Humanos, acusados de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa, terrorismo y asociación. Entre los planes desarticulados se incluye el secuestro y asesinato de Maduro y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Además, se menciona la operación "Brazalete Blanco", dirigida a desestabilizar Táchira, Barinas y Caracas. Órdenes de captura emitidas contra varios sospechosos, incluyendo la periodista Sebastiana Barráez y la abogada de Derechos Humanos Tamara Suju.
20 de enero de 2024 Nicolás Maduro, acusa a la oposición de planear "atentados terroristas" en el contexto de las elecciones presidenciales programadas para el segundo semestre del año. Durante un acto de trabajadores en el estado Bolívar, Maduro, sin responsabilizar directamente a nadie, sugiere que la oposición prepara intentos de golpes de Estado y protestas violentas, además de ataques contra la electricidad y los servicios públicos. En el mismo evento, los trabajadores expresan su apoyo a la posible reelección de Maduro, quien califica de "prematuro" discutir dicho tema. Maduro también anuncia la activación de la 'Furia Bolivariana', un plan de defensa nacional contra posibles actos terroristas, involucrando a civiles, militares y policías para "defender el derecho a la paz". Pide vigilancia ante cualquier agresión interna o externa al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.
22 de enero de 2024 El Ministerio Público de Venezuela anuncia el arresto de 32 personas, incluyendo civiles y militares, acusados de "traición a la patria" y relacionados con cinco supuestas conspiraciones para asesinar al presidente Nicolás Maduro, con presunto apoyo de Estados Unidos. Según el fiscal general Tarek William Saab, los detenidos confesaron y revelaron información sobre los planes contra la sociedad venezolana. Adicionalmente, se emitieron órdenes de captura contra 11 individuos, incluyendo activistas de derechos humanos, periodistas y militares en el exilio. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, también era un supuesto objetivo del magnicidio. Padrino mencionó que las operaciones contra estas tramas se mantuvieron secretas debido a las conversaciones entre Maduro y Estados Unidos. Nicolás Maduro exige la "máxima pena" para los detenidos y ordena al ministro de Defensa degradar y expulsar a los militares acusados. Los planes denunciados incluyen un atentado contra la vida de Maduro y Padrino, actividades de espionaje y terrorismo, y la operación "Brazalete Blanco" que buscaba atentar contra Maduro a principios de año. En un video divulgado, uno de los inculpados vincula a la dirigente opositora María Corina Machado con el plan.
12 de febrero de 2024 Rocío San Miguel, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, es detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, acusada de estar vinculada con la conspiración "Brazalete Blanco", un plan para asesinar a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Amnistía Internacional exige su liberación inmediata, respetando la medida de protección dictada por la CIDH en 2012. San Miguel había sido despedida de su cargo público en 2004 tras apoyar un referendo revocatorio contra Hugo Chávez, ganando un caso en la Corte IDH en 2018 por violación de derechos políticos y de expresión. La ONG Foro Penal registra 261 presos políticos en Venezuela.

Atentado de Caracas de 2018[]

Artículo principal: Atentado de Caracas de 2018

El 4 de agosto de 2018, en Caracas, Maduro se encontraba dando un discurso en un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando se produjo una explosión de un dron cargado con el explosivo C-4.​ El presidente resultó ileso, pero se registraron siete heridos de efectivos pertenecientes a la GNB.​​​​​​

Insultos[]

En agosto de 2021, antes y después de iniciarse el diálogo y la firma del memorándum de entendimiento en la Ciudad de México, Maduro atacó públicamente a su contrincante Juan Guaidó.​

Durante la tragedia de lluvias en el Estado Mérida la organización Caritas se hizo presente para la donación de ayuda humanitaria encontrando como obstáculo a funcionarios que impidieron el paso de ayuda humanitaria al estado. La Conferencia Episcopal de Venezuela rechazó el bloqueo y le exigió a la Guardia Nacional permitir el paso.​​ A raíz de aquello, Nicolás Maduro respondió con una serie de insultos contra la iglesia católica, acusándolos de ser "diablos con sotana" e indicó que supuestamente el pueblo "no los quiere, los rechaza".​

En una transmisión en directo a través del canal estatal, Maduro catalogó a los observadores internacionales de la Unión Europea como "espías", luego de que la misión presentara su informe preliminar días después de haberse celebrado las elecciones regionales.

El 26 de marzo de 2024 luego que Colombia y Brasil criticaron al gobierno de Venezuela por impedir la inscripción de candidatos.​ En respuesta Nicolás Maduro protestó por ser un acto de grosera Injerencia y trató de cobardes a sus representantes:"Los gobiernos de derecha y de la izquierda cobarde callan, no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución, contra la paz, callan de manera cómplice."​ En junio de 2024 inició la campaña electoral, Nicolás impuso un nuevo estilo de mencionar a la oposición, donde prometió aumentar la producción de petróleo,​ una granja de energía solar para el Vigía y anunció el acuerdo de un nuevo plan con China y Turquía para construir parques de energía solar y llevarlos al edo. Mérida, en la gran mayoría de mítines los tildaba de "Patarucos" como su bandera de campaña, dejando de lado el grave insulto de vendepatrias. Maduro se hace llamar "gallo fino" pero es Antonio Ecarri, quien llama al aspirante oficialista "gallo correlón" con algunas preguntas que le hace y que no responde.​

Amenazas de violencia[]

Las declaraciones que mayor revuelo han causado son las amenazas públicas de guerra en caso de que la denominada revolución bolivariana fuese derrotada. En enero de 2015 en medio de una transmisión en vivo por el canal del estado VTV, Maduro alertó de que "si fracasara la revolución bolivariana y el imperialismo toma el control del país, que se preparen para un tiempo de masacre y muerte".

En junio de 2017 al cierre de un evento en el Poliedro de Caracas para juramentar al comando de campaña para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que él mismo convocó, Maduro volvió a señalar:

Se lo digo al mundo y aspiro a que escuchen después de 90 días de violencia, destrucción y muerte: si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate, jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas y liberaríamos nuestra patria con las armas".

En la madrugada del lunes 31 de julio de 2017, luego de efectuada la elección a la ANC y dado los resultados, Maduro amenazó al Parlamento, a la Fiscalía General de la República, a la oposición y a los medios de comunicación privados. Afirmó que impulsaría medidas para levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados de oposición, intervenir el Ministerio Público y reformarlo, encarcelar a los dirigentes de oposición que él considera involucrados en ''hechos delictivos'' y de abrir procesos administrativos contra medios de comunicación como Televen y Venivisión alegando "apología al delito".

El 2 de mayo de 2018, en un acto de campaña efectuado en el estado Vargas durante las elecciones presidenciales de 2018, Maduro advirtió que si se instalaba un “gobierno capitalista” en el país que entregase sus riquezas, él mismo tomaría las armas para defender la revolución, diciendo "Tomaría un fusil para hacer la revolución armada. Este pueblo no se va a calar jamás a un gobierno entreguista y capitalista, por eso debemos prepararnos para defender en paz la soberanía y democracia de Venezuela" y señalando a su contrincante Henri Falcón de ser el candidato del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ejecuciones extrajudiciales[]

Véase también: Ejecución extrajudicial

Desde la creación de la Operación Liberación del Pueblo el 13 de julio de 2015, diversas organizaciones no gubernamentales han reportado violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante los operativos, y tanto el presidente Maduro como la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del pueblo Tarek William Saab han reconocido excesos policiales durante los despliegues.​

El 18 de diciembre de 2017 un grupo de hombres haciéndose pasar por agentes de seguridad del Estado, asaltaron un comando de la Guardia Nacional de Venezuela (GNB) ubicada en San Pedro de Los Altos, estado Miranda, sustrayendo 20 fusiles AK103 y 3 pistolas.​ Al día siguiente, Óscar Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quien meses atrás se había revelado contra el gobierno de Maduro, se atribuyó la autoría del robo.​ Ese mismo día en medio de una cadena nacional, Maduro afirmó haber dado la orden a las Fuerzas Armadas de disparar contra los ejecutores del robo, a quienes catalogó de terroristas.

"Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada ¡plomo con los grupos terroristas! ¡Plomo con ellos, compadre!"

El 15 de enero de 2018, el gobierno inició un operativo en el barrio El Junquito, al noroeste de Caracas donde dio con el paradero de Óscar Alberto Pérez.​ Acto seguido ocurrió un enfrentamiento, dejando varios heridos.​​ Óscar Pérez murió durante el operativo policial.​ Luego del deceso de Óscar Pérez, allegados a este revelaron que los responsables del homicidio habían recibido la orden de no tomar a nadie con vida y de matar a Pérez.​ Poco después el mismo Maduro confirmó que había dado la orden de matar a Óscar Pérez y amenazó con aplicar la misma táctica a cualquier grupo opositor que considerara terrorista.

En enero de 2021 el Comisionado Presidencial para Derechos Humanos Humberto Prado rechazó los sucesos en la Vega, Caracas, donde 23 personas perdieron la vida, en un operativo realizado por funcionarios de las FAES, la DIP y Policaracas​​ En julio de 2021 Luis Abraham Verde Ruiz joven venezolano de 22 años fue detenido por investigaciones, por el FAES con una orden de allanamiento, fue torturado y lo dejaron sin vida.

La ONG Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) ha denunciado que durante los diez años de gobierno de Nicolás Maduro, de 2013 a 2023, se han registrado más de 45,000 casos de violaciones a los derechos humanos y al menos 10,085 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.​ En su informe anual, Provea destaca que 2023 estuvo marcado por una alta y deliberada letalidad policial y militar, caracterizada por graves violaciones al derecho a la vida que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Los agentes de seguridad se han centrado en los barrios populares, encubriendo ejecuciones extrajudiciales como enfrentamientos con presuntos delincuentes para garantizar la impunidad. Las operaciones "Trueno" y "Guaicaipuro" revivieron las prácticas de las "Operaciones de Liberación del Pueblo" (OLP) realizadas entre 2015 y 2017, las cuales incluyeron asesinatos, desapariciones forzadas y tortura.​ Provea también documentó 43,003 casos de violaciones a la integridad personal, con más de 1,652 víctimas de tortura y 7,309 de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las mujeres jóvenes y pobres privadas de libertad han sido las principales víctimas de tortura, incluyendo abusos por parte del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).​ Al menos 28 personas murieron debido a la tortura en centros penitenciarios y comisarías, donde las condiciones deplorables de alimentación, medicinas y salubridad agravan la situación. La población carcelaria sigue enfrentando tratos crueles y degradantes, con una tasa de afectación del 90% debido a la falta de servicios básicos y tratamientos de salud. A pesar de proclamarse como el primer presidente obrero y prometer un modelo económico basado en la justicia y la igualdad, Maduro ha sido señalado por Provea como un presidente antiobrero que no ha cumplido sus promesas.

Elecciones presidenciales de 2018[]

rtículo principal: Elecciones presidenciales de Venezuela de 2018 Véase también: Crisis presidencial de Venezuela de 2019

El 23 de enero de 2018 la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Nicolás Maduro, decretó que las elecciones presidenciales previstas legalmente para diciembre de ese año, debían realizarse antes del 30 de abril. Posteriormente Maduro solicitó a la Constituyente que se realizaran también elecciones para los consejos legislativos estadales y municipales. El 23 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el 22 de abril se harían elecciones presidenciales solamente, sin embargo el órgano electoral postergó la fecha de las presidenciales para el 20 de mayo, día en el cual se harían las elecciones presidenciales conjuntamente con las elecciones a consejos legislativos. La convocatoria fue rechazada por la sociedad venezolana, por la comunidad internacional y por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y la Unión Europea (UE), al considerar que dichas elecciones adolecían de garantías que permitieran unos comicios transparentes, libres y justos.

Maduro decidió lanzar su candidatura para reelegirse presidente, contando con el apoyo de 10 partidos políticos. La oposición venezolana, en su mayoría, decidió no participar en las presidenciales por considerar que el proceso era ilegal al haber sido convocadas por un organismo incompetente en la materia y antes del tiempo establecido en la Constitución. Sin embargo Henri Falcón, presidente del partido Avanzada Progresista, inscribió su candidatura, acto que fue rechazado por la oposición. También inscribieron sus candidaturas, Javier Bertucci por el Movimiento Esperanza por el Cambio y Reinaldo Quijada por el partido Unidad Política Popular 89. Los candidatos conjuntamente con el CNE, suscribieron un Acuerdo de Garantías Electorales, que fungió como una ampliación a la normativa electoral ya vigente; en dicho Acuerdo se estableció la eliminación de los “Puntos Rojos” que el chavismo utiliza como mecanismo de control de los procesos electorales, el acompañamiento internacional y la reubicación de los centros electorales a sus sitios regulares.

Nicolás Maduro inició su campaña antes del tiempo electoral reglamentario, sin separarse del cargo de presidente, haciendo uso del canal estatal VTV y prometiendo beneficios a quienes votaran por él, hechos que son prohibidos por la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley contra la Corrupción.​​ Henri Falcón por su parte prometió que de ganar las elecciones entregaría a los ciudadanos venezolanos tarjetas con dólares para combatir la crisis económica, dolarizar los salarios e implementar un modelo económico de “producción abierta”, entre otras.

Días previos al 20 de mayo, Falcón solicitó al CNE sancionar a Nicolás Maduro por violar la ley al ofrecer al electorado premios pagados con dinero público a través del Carnet de la Patria en los Puntos Rojos.​ Posteriormente Claudio Fermín, jefe de Campaña de Falcón, introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso contencioso electoral en donde solicitaba prohibir la instalación de los “puntos rojos” dentro de los 200 metros establecidos por el CNE, además de prohibir a los órganos del Poder Público que se condicionara los programas sociales y el otorgamiento de beneficios vinculados al Carnet de la Patria, su presentación o lectura del código QR en las cercanías de los centros electorales, hechos que su juicio constituyen actos de corrupción.​ El 17 de mayo la Sala Electoral del TSJ dictó la sentencia N° 52 en donde rechazó la petición del Fermín, alegando que las solicitudes cautelares se trataban de hechos futuros e inciertos.

El 20 de mayo, la jornada electoral se caracterizó por una marcada abstención y por cientos de denuncias sobre compra de votos, voto asistido y actos de proselitismo político del chavismo, todos estos actos prohibidos por la ley. Durante el desarrollo de la jornada, el candidato Falcón y distintos medios de comunicación fustigaron reiteradas veces la instalación de los “puntos rojos” a menos de 200 metros de los centros electorales, e incluso en algunos casos dichos puntos se encontraban dentro de los mismos centros. También hubo denuncias de entrega de comida al electorado por parte de militantes del gobierno. Habiendo culminado el proceso, el candidato Falcón ofreció una rueda de prensa desde la sede de su partido político, en donde criticó duramente el proceso electoral, reiterando los hechos irregulares en cuanto a compra de votos por parte de Maduro y coacción al electorado por parte de militantes del chavismo, razón por la cual desconoció la legitimidad del proceso.

Luis Emilio Rondón, el rector principal del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, anunció su desconocimiento a los comicios ratificando las denuncias en torno al proceso, destacando los puntos rojos del oficialismo en las cercanías de los centros de votación, el ventajismo que privó desde la convocatoria del proceso en el mes de enero pasado y el uso de recursos del Estado para beneficiar la opción ganadora en el sistema nacional de medios públicos, mencionando que el "proceso ventajista no permitió que los venezolanos permitieran expresarse" y que "estos aspectos vician la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Cuando vemos la participación, la mayoría de los venezolanos no se presentaron ni convalidaron este proceso electoral".

Por las redes sociales se rumoreaba que la abstención rondaba el 70 % del registro electoral según cifras extraoficiales;​ el CNE por su parte, señaló que la participación fue del 46.07 %, proclamando como ganador a Maduro con 67.84 %, equivalente a 6 245 862 de electores que representaría sólo el 32.42 % de todo el registro electoral.

Desde el momento de anunciarse las elecciones a principios de 2018, la comunidad internacional así como organismos internacionales cuestionaron la legitimidad del proceso y lo rechazaron por argumentar que no contaba con garantías electorales mínimas de ser un proceso justo, libre y transparente, agregando que no reconocerían los resultados ni a Maduro como presidente.​

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también cuestionó la legitimidad del proceso al señalar que no se podía garantizar la transparencia de unas elecciones en un escenario donde hay múltiples violaciones a los derechos humanos.

El 5 de junio de 2018, la OEA, con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, aprobó una resolución donde declara ilegítima la reelección de Maduro e inicia el procedimiento para suspender a Venezuela del organismo.​ El presidente de la República Argentina, Mauricio Macri anunció que denunciará al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por hechos de violación a los derechos humanos.​

Juicio por caso de Odebrecht[]

El 19 de febrero de 2018, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, acudió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio (TSJ en el exilio), para solicitar iniciar un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro por la comisión de supuestos delitos de corrupción propia y legitimación de capitales relacionados con el caso Odebrecht.​ Tras casi dos meses de deliberaciones, el 9 de abril de 2018 el TSJ en el exilio determinó que existían suficientes méritos para continuar con el enjuiciamiento formal de Maduro.

El 17 de abril, tras recibir la decisión del TSJ en el exilio, la Asamblea Nacional con 105 votos a favor de la bancada opositora y 2 en contra del chavismo, aprobó la continuidad del juicio solicitado por el TSJ en exilio contra Maduro, lo que dejaría a este último separado del cargo de presidente, según lo establecido en el Artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano.

El 3 de mayo de 2018 el tribunal declaró la suspensión de Maduro como presidente y ordenó su inhabilitación para cualquier otro cargo público.​​ El secretario general de la OEA Luis Almagro reconoció la inhabilitación y suspensión de Maduro como presidente.​ El partido político Vente Venezuela publicó un comunicado en el que respaldó la decisión del tribunal, sosteniendo que "ratifica que Maduro no puede ser candidato a ninguna elección" y que con esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional iniciar un nuevo proceso “para ocupar ese vacío y avanzar en la restitución del orden democrático en el país”.

El 15 de agosto, el Tribunal Supremo sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión en la Cárcel de Ramo Verde por los delitos de corrupción que se le imputaron, además de ordenar que pague 35 mil millones de dólares por el daño al patrimonio público del país.

El 29 de octubre, Tribunal Supremo de Justicia en el exilio sentencia definitiva contra Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de cárcel por corrupción y legitimación de capitales al obtener altas sumas de dinero a través de contratos ilícitos con la constructora brasileña Odebrecht.​

Acusación por crímenes de lesa humanidad[]

El 16 de septiembre de 2020, la Misión de Investigación de las Naciones Unidas hizo público un informe donde se detalla que, desde 2014, las autoridades venezolanas han hecho constantes violaciones a los Derechos Humanos. La ONU a través de un informe de cuatrocientos cuarenta y tres folios y más de 250 entrevistas a las víctimas, acusa a Nicolás Maduro, a los ministros de Interior, Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López, a los jefes de los servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del régimen venezolano, de crímenes de lesa humanidad.​​​ Dentro de los crímenes de lesa humanidad por los cuales se acusa al Presidente, Nicolás Maduro, al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, al Ministro del Interior, Néstor Reverol, a las fuerzas de seguridad y al Sebin, destacan las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura.​ La presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas, aseguró que se trataban de actos coordinados y apoyados por los altos funcionarios del gobierno venezolano.​​

En diciembre de 2020 la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó que al menos desde abril de 2017 en el país se han cometido Crímenes de lesa humanidad con competencia de la Corte hallándose encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución a un grupo por motivos políticos, el informe señala como responsables a miembros de los cuerpos de seguridad como lo son: PNB, SEBIN, DGCIM, FAES, CICPC, GNB, CONAS​ y otros componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a favor y en complicidad con el Gobierno y menciona que este último participó represión de opositores al mismo, la fiscalía de la Corte aseguró que podría abrirse una investigación en la primera parte de 2021​​​

En mayo de 2021 el gobierno de Nicolás Maduro admitió que Fernando Albán Salazar concejal del Municipio Libertador de Caracas fue asesinado en octubre de 2018 y solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin como una manera de influenciar a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie la investigación​ También admitió que Juan Pablo Pernalete fue asesinado por una bomba lacrimógena durante las protestas en Venezuela de 2017, doce funcionarios fueron imputados por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.

En junio se retira de la CPI la fiscal Fatou Bensouda que tenía el caso de determinar si sería investigado por crímenes de lesa humanidad dejando a su sucesor el fiscal Karim Khan quien reiniciara el caso.​ Khan determinó para el 23 de julio como fecha tope para su informe sobre Nicolás Maduro.​​ Pero las maniobras del gobierno para retrasar temporalmente fue tal, que le hicieron una invitación a Khan para visitar Venezuela.​

El 12 de agosto la CPI presenta documento para abrir una investigación formal contra funcionarios, exfuncionarios y civiles venezolanos por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, documento fechado el 15 de junio y publicado el 10 de agosto por la corte. La cual fue firmado por la exfiscal Fatou Bensouda.​ De 2015 a 2021 al menos 11 presos políticos murieron bajo custodia del estado.​

Ataque a organizaciones no gubernamentales[]

Las ONG no se han librado del ataque ejercido por el gobierno de Nicolás Maduro, estas organizaciones dedicadas a la defensa de los DDHH según su unidad central en 2020 se detectaron 109 agresiones y en 2021 se han contado 374 agresiones.​ En noviembre de 2020 las ONG Alimenta La Solidaridad y la ONG Caracas Mi Convive dedicadas a la ayuda humanitaria de madres lactantes, niños y personas de la tercera edad fueron allanadas por la policía Nacional contra la corrupción y el día 25 fueron congeladas sus cuentas bancarias por orden la SUDEBAN.

En enero de 2021 cinco representantes de la organización Azul Positivo fueron detenidos cuando una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) intervino su oficina y les hicieron interrogatorios, llevándolos posteriormente a la sede de Maracaibo.​ En abril el ciudadano Orlando Moreno, defensor de derechos humanos del estado Delta Amacuro, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) mientras acompañaba a familiares de las víctimas del naufragio en Boca de Serpiente, en Tucupita.

En julio la ONG Fundaredes le solicitó al Ministerio Público investigar la relación del exministro del interior Ramón Rodríguez Chacín y de su esposa, Carola de Rodríguez, con el ELN. El gobierno reaccionó y Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron a Javier Tarazona en el estado Falcón junto con Rafael Tarazona y Omar García, activistas de Fundaredes; y Yhonny Romero, director de Mayday Confavid (Comité Nacional de Familias Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela). Tarazona había acudido al Ministerio Público para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución en Falcón por funcionarios policiales estatales, del SEBIN y de individuos no identificados, El fiscal general denunció que la detención se debía, al acusar a políticos del gobierno sin presentar pruebas y por incitación al odio.​​

Oro de sangre[]

Artículo principal: Críticas sobre el Arco Minero del Orinoco

Luego de asumir al gobierno Nicolás Maduro en 2013, crea una serie de empresas que operan desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo el pretexto de la incorporación de la institución castrense al desarrollo nacional, y que resulta de poca transparencia para su control por parte de la Asamblea Nacional sobre préstamos y los presupuestos otorgados al Ministerio de Defensa fundamentado en el artículo 328 de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan). En junio de 2019 Maduro anunció que la empresa Camimpeg realizará la rehabilitación y el mantenimiento de pozos, administración de taladros, el apoyo logístico en las instalaciones petroleras así como su participación en la producción de 20 toneladas mensuales de coltán.

En marzo de 2019 Estados Unidos sanciona a la empresa estatal Minerven por respaldar al gobierno de Nicolás Maduro, acusados de realizar operaciones ilícitas comercializando el oro venezolano causando la deforestación y la pérdida del hábitat de las poblaciones indígenas.

Es tan cercana la relación de Nicolás Maduro con el oro del estado Bolívar que Estados Unidos sanciona en junio de 2019 a su hijo Nicolás Maduro Guerra por corrupción, que fue denunciado por el ex-director del Sebin refugiado en EE. UU. Manuel Cristopher Figuera de comprar oro a los mineros a precio bajo y revender a sobreprecio al BCV, el hijo también fue acusado en la Asamblea Nacional por Américo de Grazia de poseer una mina de coltán en el estado Amazonas.

La situación del Arco Minero del Orinoco, ubicado en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro con Sierra Imataca, ha sido calificada como un ecocidio​ que afecta prácticamente 50 % del territorio nacional y que está perjudicando los parques y las etnias indígenas que allí habitan; esto debido al envenenamiento del agua y la fauna silvestre con mercurio y cianuro para explotar las minas de oro y extraer coltán, produciendo a su vez un desplazamiento de las etnias originarias, donde participan diferentes grupos y organizaciones irregulares.​

Crisis de refugiados venezolana[]

Artículo principal: Crisis de refugiados venezolana

Durante su primer gobierno ocurrió la migración más grande de la historia venezolana. Muchos venezolanos salieron del país en busca de mejores oportunidades económicas dejando atrás a padres, esposas e hijos; otros grupos familiares salían completos pero dejaban a otros familiares. Todo esto dio origen a la migración de más de 5 millones de venezolanos.

Censura a la información[]

Artículo principal: Censura en Venezuela

La censura en Venezuela se refiere a todas las acciones que se pueden considerar como la supresión de la libertad de expresión en el país durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Falta de información administrativa[]

Desde 2016 el gobierno dejó de informar durante años en la Gaceta Oficial el Presupuesto Nacional en ningún portal del gobierno y se maneja por créditos extraordinarios que en muchas oportunidades tampoco son publicados, ocurre lo mismo con la ley de endeudamiento anual. tal como lo denuncia Transparencia Venezuela en 2023.

̟La economía del país también se manejó en una completa oscuridad al no tener informe de los índices económicos que debió emitir el Banco Central de Venezuela desde diciembre de 2015 al respecto a los índices de inflación durante los años 2016, 2017 y 2018.​ Posteriormente el BCV retrazó los informes por hasta seis meses entre 2020 y 2021, en mayo de 2023 el Banco Central de Venezuela reportó un cuadro de inflación de los últimos siete meses.​La economía se manejo con información emitida por la Comisión de finanzas de la Asamblea Nacional de 2015 quienes mes a mes entregaban la información por intermedio del Observatorio Venezolano de Finanzas.

Protectores, padrinos y madrinas[]

Luego de que, en 2013, Henrique Capriles Radonski ganó la gobernación del estado Miranda, Maduro nombró protector del estado a Elías Jaua Milano para llevar a cabo las funciones del gobierno regional, una figura que estaba al margen de la Constitución.​ Cuatro años después designó más protectorados estatales en cuatro entidades federales: Francisco Arias Cárdenas (Zulia), Jehyson Guzmán (Mérida), Dante Rivas (Nueva Esparta) y Freddy Bernal (Táchira); en estas entidades había ganado la oposición durante las elecciones regionales celebradas el 15 de octubre de 2017. En 2021 nombra protector a Luis José Marcano para el estado Anzoátegui. Para las elecciones regionales de 2021 Maduro anunció la eliminación de los protectores. En febrero de 2024, Nicolás Maduro nombró 23 padrinos y madrinas estadales, una nueva figura fuera de la constitución. La ONG Acceso a la Justicia es clara en señalar que afecta los valores democráticos.

Advertisement